El 31 de marzo Venezuela ocupó las portadas de los medios de comunicación más importantes del mundo. Las democracias occidentales denunciaron casi al unísono un Golpe de Estado en el país petrolero luego de que el Tribunal Supremo de Justicia usurpara las funciones de la Asamblea Nacional, previo decreto, y traspasara las mismas al primer mandatario, Nicolás Maduro.
Las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional comenzaron a ser tendencia el 30 de marzo. Estas declaraban la nulidad del órgano legislativo amparada en la supuesta condición de desacato del mismo. Tal condición fue impuesta por el sector oficialista después de que la bancada opositora ganara las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y permitió sacar del juego a una Asamblea Nacional elegida por 7.726.066 venezolanos.
Pero pocas horas después del ardid, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y otrora brazo derecho de Maduro, denunciaría una ruptura del orden constitucional en Venezuela y, por primera vez en dieciocho años de revolución, el mundo sería testigo de una grieta en el polo chavista.
Acorralado por la comunidad internacional, por el continente Americano, por la OEA y por su propia nación, a Nicolás Maduro no le quedó otro remedio que recular; por lo menos lo hizo discursivamente. En cadena nacional de radio y televisión habló de acuerdos y diálogos, de malentendidos, de soluciones.
Sin embargo, los hechos se contraponen:
La Asamblea Nacional no sólo no recuperó su potestad legislativa. Diputados opositores fueron agredidos por funcionarios militares y paramilitares de manera reiterada. En el fragor del caos, los dirigentes de la llamada Unidad Democrática volvieron a la calle encabezando protestas populares. La respuesta del Gobierno fue una salvaje ola represiva que sólo aumentó la tensión. Finalmente, la OEA inició un Consejo Permanente que decidió activar la Carta Democrática Interamericana de cara al caso Venezuela. Nicolás Maduro respondió con una sola acusación: Golpe de Estado de la OEA.
26 de abril, Autopista Francisco Fajardo – Giancarlo Corrado
Y esto ocurrió en tan sólo una semana. La dinámica política de Venezuela es así, se desenvuelve veloz. Los discursos, las terminologías, las noticias: la información se solapa porque está en juego la hegemonía comunicacional. La apropiación del lenguaje es otro objetivo clave en esta batalla por el poder.
Las cifras son más ilustrativas: desde el 2013 el gobierno de Nicolás Maduro ha invertido 1 millón 790 mil dólares en lobby, sólo en Estados Unidos.
Otro énfasis de la revolución bolivariana ha sido la construcción de las denominadas guerrillas comunicacionales. La historia reciente ha dejado en evidencia la importancia política de las redes sociales: la supremacía comunicacional es indispensable para mantener el control de la población.
Pero la oposición también lo sabe y por eso su discurso internacional es cada vez más sólido. Se disputan todos los espacios importantes: ONU, OEA, UE. La guerra de lobbies es rotunda, feroz. La guerra mediática también lo es.
Dictadura, terrorismo y Golpe de Estado son, actualmente, las tres palabras claves que estructuran el panorama político venezolano. El lenguaje se radicaliza. La primera representa a la oposición, la segunda al oficialismo y la tercera permanece en disputa. Basta con introducir en cualquier buscador de internet las palabras “Golpe de Estado en Venezuela” para ser testigo de esta batalla.
Pero, lamentablemente, la del lenguaje no es la única batalla que se libra en Venezuela.
24 de abril, Autopista Francisco Fajardo – Giancarlo Corrado
Después de que el 7 de abril el líder opositor Henrique Capriles recibiera una notificación que le informaba sobre una inhabilitación política de quince años, las protestas populares se agudizaron. Con ellas, también, la represión. Primero fueron los cuerpos de seguridad del Estado los que asumieron la labor. Luego los grupos paramilitares oficialistas, denominados “colectivos”, se sumaron al escenario.
Tras un mes de manifestaciones casi ininterrumpidas, estos son los números: según el Foro Penal de Venezuela, 1365 ciudadanos han sido detenidos en el marco de las protestas que tuvieron lugar del 4 al 22 de abril. 97 fueron liberados con medidas cautelares, 451 recibieron estatus de “libertad sin presentación”, 40 obtuvieron libertad plena y 777 permanecen detenidos.
Son 116 los presos políticos que contabiliza, también, el Foro Penal de Venezuela desde el 2003 hasta la actualidad. 12 de ellos han sido detenidos durante enero y febrero del año en corriente.
Pero las denuncias de persecución, detenciones forzosas e incluso torturas no cesan. Y empeoran. La historia más reciente es la de Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez, también conocidos como “los morochos Sánchez”, militantes del partido opositor Primero Justicia y estudiantes de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela.
Tienen 21 años. Sus abogados denuncian torturas como modus operandi para obligarles a inventar una declaración que inculpa a diputados de oposición de dirigir un plan para desestabilizar el país. Declaración que, por cierto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, transmitió en cadena nacional de radio y televisión. Acto seguido, los acusó de “terroristas”. Pocas horas después, el vicepresidente, Tareck El Aissami, pediría para ellos la “pena máxima”.
El 17 de abril fue la audiencia de los hermanos. La palabra “terrorismo” no apareció en ninguna parte de su expediente. Sin embargo, se les acusa de “Instigación Pública y Agavillamiento” y se les traslada a la cárcel de Tocorón, una de las peores del mundo. Frente a las denuncias de irregularidades en el proceso, que abarcan la tortura, las declaraciones televisadas sin ningún permiso institucional y otras violaciones, la juez responde con un llamado a la Fiscalía para que investigue por su cuenta. Mientras tanto los jóvenes continuarán recluidos.
Pero al margen de estas historias individuales hay más cifras: 717 venezolanos han resultado lesionados durante las protestas.
El saldo de víctimas fatales asciende a treinta y cinco. Treinta y cinco venezolanos asesinados desde el inicio de las protestas, hace un mes, y Nicolás Maduro amenaza con armar a un millón de milicianos más para combatir el terrorismo.
8 de abril, avenida Libertador – Iván Reyes
Tanta violencia gubernamental enfrentada a una rotunda resistencia ciudadana hace creer a los más optimistas que estamos en presencia de un régimen en sus estertores. Y quizás así sea. No obstante, lo que debería alarmar al mundo es cuál será el coste social de esta posible transición política, cuando la situación comienza a amenazar con escaparse de las manos de ambas dirigencias, oficialista y opositora.
El gobierno de Nicolás Maduro no sólo no favorece las condiciones para que se produzca una transición pacífica sino que además se atrinchera en el poder. Sus últimos movimientos, retirarse de la OEA y convocar a una Asamblea constituyente dejan clara su postura: la intención del presidente venezolano no es otra que legitimarse creando una nueva dinámica hecha a medida.
Ambas decisiones tienen en común que desconocen las reglas del juego hasta ahora establecidas y, además, las modifican. Sin embargo, la más preocupante es la constituyente principalmente porque, a diferencia del retiro de la OEA, esta puede ser llevada a cabo en un plazo muy corto, casi inmediato, o eso es lo que Maduro ha sugerido.
Con esta acción el gobierno daría inicio a una 6ta República en Venezuela, que no sólo pone fin a la era Chávez y da comienzo al madurismo sino que radicaliza el panorama político. En principio, la estrategia permite sopesar lealtades de cara a una evidente fragmentación en el polo oficialista. Maduro quiere reagrupar sus fuerzas, cerrar sus círculos y comenzar a excluir a todo aquel que estorbe. Pero, además, la constituyente también obligaría a la oposición a apostar por protestas más contundentes, a radicalizar su propia postura pues, en definitiva, puede ser ésta su última oportunidad para hacerlo.
Inevitablemente, toda tensión conduce a un choque. Gente que no tiene nada que perder se enfrenta a gente que lo puede perder todo: la combinación es explosiva. Así las cosas, el panorama nos recuerda un antiguo cuestionamiento de la lógica: ¿Qué pasaría si una fuerza imparable chocara contra un objeto inamovible? Y parece que en Venezuela están a punto de descubrirlo.
Excelente analisis