La noche electoral del 2 de diciembre de 2018 preveía el final político de Moreno Bonilla. Aquel día se celebraron las undécimas elecciones al Parlamento de Andalucía. Los populares creían que el PSOE-A extendería su poderío autonómico otro mandato más. En ese momento los socialistas llevaban treinta y seis en el sevillano Palacio de San Telmo (actualmente, se trata del récord de tiempo de un partido político en un ejecutivo supralocal en la historia de la monarquía parlamentaria). No obstante, el desgaste por estar tantos años en el poder más el escándalo de los ERE, entre otros factores, dio lugar a una mayoría absoluta de la derecha, dividida entre PP, Ciudadanos y VOX. El destino hizo que Bonilla, quien había sido derrotado en 2015 y también en esos mismos comicios de 2018, aprovechase su último cartucho. Y bien que lo hizo. Hoy en día gobierna plácidamente, tras las elecciones de 2022, con el apoyo de 58/109 parlamentarios. Además, es uno de los políticos de alto rango mejor valorados por la ciudadanía española.
Por su parte, Castilla y León -la CC.AA. más extensa de España, con 94.226 km2- podría vivir una situación muy parecida a la de Andalucía -curiosamente, la segunda Autonomía en cuanto a superficie: 87.599 km2- si finalmente hay adelanto electoral el 28-M, pero haciendo un cambio de colores políticos. Aquí los populares llevan también treinta y seis años en el poder. Actualmente lo hacen con el apoyo de la derecha alternativa de VOX, quien también forma parte del ejecutivo radicado en el Colegio de la Asunción (Valladolid). Estas dos fuerzas suman 44/81 procuradores.
Las desaveniencias entre conservadores y paleoconservadores han dado lugar a la hipótesis de un posible adelanto electoral en esta CC.AA. para el 28-M. En este supuesto, la situación estaría enormemente abierta por los siguientes factores:
- Las fuerzas azules están a solo cuatro parlamentarios de perder la mayoría absoluta y a cinco (39/81) de no poder sumar mayoría absoluta con el centroderechista Por Ávila (XAV), que posee 1/81 procuradores.
- Desgaste del PP tras casi cuatro décadas gobernando la región.
- Existencia de bastantes polémicas en torno al vicepresidente castellanoleonés, García-Gallardo, de VOX. La última, como sabemos, relacionada con el aborto.
- Transmisión de inexistencia de pleno entendimiento entre los miembros del órgano de gobierno autonómico.
Por su parte, Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León tendrá, como Moreno Bonilla en 2018, su última oportunidad de ser presidente autonómico el 28 de mayo o en alguna fecha posterior dentro del intervalo 2023-2026. Al igual que el malagueño (2015 y 2018), el burgalés ha perdido dos comicios autonómicos (2015 y 2022). Ambos han ganado uno respectivamente: Moreno en 2022 y Tudanca en 2019. No obstante, el dirigente castellano no logró la mayoría suficiente como para gobernar hace ya casi cinco años.
Como podemos deducir, la Andalucía de 2018 y la Castilla y León de 2023 poseen algunas curiosas analogías que van más allá del número 36 y de la larga duración en el ejecutivo autonómico:
- Mantenimiento de sólidas estructuras de poder por parte de los históricos partidos gobernantes en estas dos Autonomías.
- Existencia de investigaciones por presunta corrupción (condenas, en el caso de los ERE) que han salpicado a algunos afiliados socialistas andaluces, así como a varios militantes populares castellanoleoneses.
- Hecho de haber una derrota electoral del partido de gobierno sin efectos de pérdida del ejecutivo (PSOE andaluz, 2012; PP de Castilla y León, 2019).
- Participación en el gobierno de fuerzas alejadas del centro (IU en Andalucía, 2012-15; y VOX en Castlla y León, desde 2022) en los últimos años de cada larga etapa.
- Mayoría relativa obtenida por el principal partido de gobierno en el último mandato: PSOE-A (2015-18) y PP-CyL (2022-).
- Existencia de un adelanto electoral en las elecciones previas al fracaso o posible fracaso (en el caso del PP-CyL): me refiero a los comicios andaluces de 2015 y a los castellanoleoneses de 2022.
Para que se produzca un cambio político en Castilla y León, ya sea este año o más adelante, PSOE, UP, Cs (mejor dicho, Igea), UPL y Soria Ya tendrían que sumar juntos 41/81 procuradores y luego ponerse de acuerdo en investir a Tudanca. Excluyo de esta ecuación a los localistas de XAV, ya que nacieron como una escisión del PP.
Para que los hechos cambien deben cambiar las causas. Este es un principio básico tanto de las ciencias sociales como de las naturales. En este sentido, párrafos atrás señalaba en negrita tres factores relativos al gobierno PP-VOX que favorecen al PSOE-CyL. A ello debemos sumar un posible factor endógeno del seno de la izquierda castellanoleonesa de cara a la expulsión democrática del PP-CyL: que UP se presente solamente en la circunscripción de Valladolid en los próximos comicios, pidiendo el voto al PSOE en las ocho restantes. Recordemos que el único parlamentario morado, Pablo Fernández, ejerce su labor en la provincia pucelana, por lo que el resto de los votos correrían el riesgo de ser tirados. Y es muy difícil que un votante de izquierda alternativa vea como casta al PSOE en esa región, cuando no han tocado poder autonómico en casi cuatro décadas. De esa manera, si se opta por un voto estratégico nunca se malgastarían los sufragios, de tal manera que el PSOE castellanoleonés vería crecer su bolsa de electores. Una coalición PSOE-UP sería ineficaz, pues espantaría al votante centrista del PSOE, que iría a parar a la abstención, al voto nulo/blanco, al PP o a Ciudadanos.
Con esa estrategia de racionalización electoral sería bastante posible que Tudanca -cuestionado internamente, como Bonilla entre 2015 y 2018- viviese la misma situación que el andaluz hace un lustro: que lograse por fin la ansiada presidencia de su Autonomía en su última oportunidad, poniendo así fin a un largo período de gobierno de un partido político; en este caso, el PP de Castilla y León.
Por otro lado, esta federación centroderechista está a solo dos meses de superar el récord del PSOE de Andalucía en cuanto a tiempo de permanencia en un gobierno de carácter supraprovincial. Por lo que, pase lo que pase el 28-M (en caso de haber adelanto electoral), los populares castellanoleoneses habrán establecido una nueva marca cronológica.