La campaña electoral del 28-A pivota esencialmente en torno al eje izquierda-derecha. Consecuentemente, las propuestas regeneracionistas transversales prácticamente no tienen cabida. Por regeneracionismo comprendemos la doctrina política que preconiza una mayor transparencia de las instituciones públicas más la ejecución de medidas que aboguen por una mejor calidad social y medioambiental. De este modo, si nos fijamos en los indicadores de la ONG Transparencia Internacional, los países con mayor índice de desarrollo humano son los más regeneracionistas.

Desde mi punto de vista, este es el decálogo regeneracionista necesario para España:

  1. Luchar contra el fraude fiscal y aumentar las arcas públicas: Imponer el pago con tarjeta en las operaciones de compraventa superiores a 50 euros, prohibir los billetes iguales o superiores a esa cantidad e incrementar sustancialmente la oferta pública de empleo de inspectores de Hacienda. Por otro lado, es necesario legalizar la prostitución voluntaria (supervisando que así sea) y las drogas blandas.
  2. Meritocratizar y despolitizar las altas instituciones del Estado más los cargos públicos: Para que la democracia sea más sana, debe haber una despolitización plena del CGPJ, del TS, del TC y RTVE. El nombramiento será reemplazado por procesos selectivos que midan los méritos académicos y laborales. Asimismo, todos los cargos públicos inferiores a ministros deberán obtenerse mediante criterios meritocráticos. Actualmente prima el servilismo al líder frente al talento, de tal manera que muchas instituciones públicas son cotos privados de miembros de partidos políticos.
  3. Racionalización administrativa: Eliminación, mediante reforma constitucional, de las diputaciones provinciales del Senado y del Consejo de Estado. Limitación por ley del número máximo de cargos públicos estatales.
  4. Luchar contra el nepotismo y la corrupción: Incrementar considerablemente la oferta pública de empleo del personal de Justicia. Prohibir las puertas giratorias. Regular la publicidad institucional. Prohibir la financiación empresarial de los partidos políticos, así como la dación de créditos bancarios a estos últimos.
  5. Economía sostenible: Situar el porcentaje de gasto en educación e I+D en la media de la UE. Apostar decididamente por una FP pública y de calidad, por un lado, así como por las energías renovables.
  6. Luchar contra la explotación laboral: Aumentar notablemente la oferta pública de empleo de inspectores de trabajo.
  7. Pleno respeto a los derechos humanos: Establecimiento pleno del principio de justicia universal, derogación de la Ley de Amnistía (1977) y de la Ley Mordaza, establecimiento del principio de libertad de expresión ilimitada (a menos que haya grave humillación o amenaza contra alguien), legalización de la eutanasia y reforma de la Ley Integral de Violencia de Género, de tal manera que el varón maltratado sea jurídicamente igualmente considerado que la mujer que sufre el mismo mal. Asimismo, deben aumentarse las partidas financieras contra esta lacra.
  8. Apuesta por la seguridad: Incrementar en 10.000 efectivos el número de policías y guardias civiles, como piden SUP y AUGC. Extender los supuestos de prisión permanente revisable a todos los asesinos y a delincuentes no asesinos potencialmente peligrosos.
  9. Defensa del derecho a decidir: Aprobación de una reforma constitucional extraordinaria para reconocer el derecho de autodeterminación (mediante criterios muy exigentes) a las CC.AAs y para poder elegir democráticamente la forma de Estado, al menos, una vez por cada mandato real.
  10. Reforma del sistema electoral: Establecimiento de una circunscripción única para la elección de los miembros del Congreso de los Diputados. Elección directa del Presidente del Gobierno (para evitar bloqueos institucionales) e igualdad de trato a todas las candidaturas (debates, espacios electorales) por parte de los medios públicos.

Todas estas medidas son transversales dentro del eje izquierda-derecha, pero tienen en común la búsqueda de la felicidad y calidad de vida de la población, dentro de unos estándares democráticos, sociales y de economía de mercado marcados por la transparencia y mayor eficiencia por parte de las instituciones públicas.

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