Nuestro país obtuvo en 2021 una calificación de un 9/10 en cuanto a nivel de derechos y libertades políticas por parte de la ONG Freedom House. No obstante, sacó un exiguo 6,1/10 en lucha contra la corrupción según la perspectiva de Transparencia Internacional (TI). Además, en 2021 The Economist dejó de situar a España en la categoría de países con democracia plena. Por tanto, podemos concluir que a España aún le faltan ingredientes para alcanzar los resultados de Finlandia en cuanto a nivel de derechos y libertades (10/10 en 2021) y, sobre todo, de Dinamarca y la propia Finlandia (8,8/10) en lo referente a nivel de ética político-administrativa.
Si englobamos las libertades políticas y la transparencia dentro de un mismo concepto de democracia real, debemos definir qué entendemos por esta última: pues por democracia real comprendemos un sistema político que preconiza la consecución efectiva del respeto a los derechos humanos y a los deberes fundamentales, la independencia práctica del poder judicial, la garantía plena de la igualdad de oportunidades, la inexistencia de prácticas oligárquicas y la existencia de mecanismos eficaces de lucha contra la corrupción: en su conjunto, una democracia plena busca la felicidad global de su población.
Para el sector marianista del PP (Rajoy, Feijoo, Maroto, Soraya, etc.) y para el felipista del PSOE (Robles, González, Guerra, Page, etc.) vivimos en un ejemplar sistema democrático sancionado por la Constitución de 1978.
Estas apreciaciones colisionan con la perspectiva de la izquierda alternativa estatal (UP) y periférica (BNG, ERC, CUP, EH-Bildu), para quienes el régimen de 1978 es una reforma amable del franquismo, con quien nunca rompió totalmente y del que heredó sus desigualitarias estructuras sociales. Recordemos las declaraciones irónicas del exvicepresidente neocomunista Pablo Iglesias en julio de 2022 tras el FerrerasGate: España es una plena democracia.
En este sentido, vamos a analizar las deficiencias democráticas que, como politólogo y regeneracionista, he observado en sus respectivas áreas temáticas por orden alfabético:
- Económica:
- Según el sindicato Gestha, de técnicos de Hacienda, España perdió 91.600 millones de euros en 2020 por fraude fiscal.
- Despilfarro de 45.000 millones de euros durante dos décadas en obras innecesarias, de acuerdo con la Asociación de Geógrafos Españoles.
- Existencia de numerosos chiringuitos prescindibles (Senado, Consejo de Estado, consejos consultivos, Oficina del Español, numerosas fundaciones…) que favorecen a parte de la clase política en detrimento del bienestar de la ciudadanía.
- Ético-política:
- Según la Fiscalía General del Estado, en España en 2018 había 678 causas judiciales en trámite cuyo origen está relacionado con la corrupción y criminalidad organizada.
- Jurídico-penal:
- La Ley de Amnistía (1977) sigue vigente -por obra de PSOE, Cs, PP y VOX- como resultado del Pacto de la Transición. Ello permite la impunidad de los crímenes del franquismo.
- La mayoría de los piratas digitales actúan con impunidad en la red. Causaron pérdidas de 2.417 millones de euros en 2020, según el portal Statista.
- Mediática:
- La inexistencia de una norma que regule la publicidad institucional a la prensa fomenta el clientelismo periodístico.
- A la presidencia de RTVE y de las radios y televisiones autonómicas se accede también por elección parlamentaria y no tecnocrática.
- Judicial (más la dimensión del TC y de la Fiscalía General del Estado):
- La habitual escasa oferta pública de empleo de jueces y fiscales, de acuerdo con la totalidad de asociaciones de jueces y fiscales -y, por ende, la no construcción de más edificios civiles de justicia-, ralentiza la actividad de este sector profesional.
- El acceso al CGPJ es por nombramiento político.
- Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado: organismos no judiciales, pero con efectos jurídicos en su toma de decisiones. Su nombramiento es parlamentario y ejecutivo, en el caso del TC; y gubernamental (FGDE).
- Político-institucional:
- En España no hay posibilidad (a menos que se lleve a cabo una reforma constitucional extraordinaria) de elegir democráticamente al Jefe del Estado, el rey sigue siendo inviolable y en 2021 hubo un veto parlamentario (PSOE, PP y VOX) a abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre Juan Carlos I.
- En España no existe una norma estricta -a diferencia de los países nórdicos- que regule de forma muy estricta las puertas giratorias.
- Algunos partidos reciben financiación empresarial, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas. Aunque es legal, ello no favorece la separación entre los poderes político y económico.
- Los partidos minoritarios están marginados o son directamente inexistentes en los medios de comunicación durante las campañas electorales -incluyendo los públicos-, por lo que la competición de cara a los distintos comicios es totalmente desigual.
- La casi totalidad de cargos públicos para las distintas entidades políticas es nombrada a dedo. Ello favorece el amiguismo en detrimento de la igualdad de oportunidades y de la calidad meritocrática de la Administración General del Estado.
- Las CC.AA. no tienen posibilidad jurídica de secesionarse de España: ni mediante el derecho de autodeterminación ni mediante un referéndum vinculante donde votemos todos los españoles.
En vista de todos estos indicadores comprendemos por qué TI dio un 6,1/10 a España en transparencia y no más. ¿De verdad, señor Mariano Rajoy y señora Margarita Robles, que somos una democracia ejemplar y plena en vista de estos diecisiete indicadores negativos?