La presidenta de la CC.AA. de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se define continuamente como liberal. Recordemos que uno de sus exitosos eslóganes de campaña para el 4-M fue Socialismo o libertad. No obstante, algunas de sus prácticas políticas distan mucho de lo que entendemos por liberalismo en el sentido actual del término; es decir, me refiero al liberalismo democrático del siglo XXI preconizado por John Rawls, Carlos V. Padín, Nick Clegg o Garrigues Walker, entre otros. Todos ellos han defendido principios de esa naturaleza ideológica, tales como la preponderancia de la libertad sobre la igualdad, una economía de mercado con escasa regulación, un Estado del Bienestar mínimo, la moderación fiscal y en el gasto público, una intachable defensa de los DD.HH., así como mecanismos garantistas para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho o la meritocracia administrativa.

Para medir el nivel de liberalismo de la señora Ayuso me apoyaré en el test ideológico de David Nolan (politólogo libertario estadounidense). Este investigador elaboró en 1970 un test ideológico para medir el grado de concentración de poder por parte del Estado defendido por cada usuario de dicha prueba; o, lo que es lo mismo, el nivel de libertad. El grado máximo de concentración estatal del poder correspondía al totalitarismo; mientras que el mínimo, al libertarismo. Este último se diferenciaría del liberalismo democrático en el hecho de que los libertarios rechazan cualquier regulación no sanitaria dentro del mercado laboral, así como se oponen a cualquier gasto obligatorio estatal en favor de la educación o sanidad. Por tanto, el libertarismo es favorable también a una todavía mayor bajada de impuestos que sus hermanos ideológicos liberal-demócratas.

Las rúbricas que este científico-político llevó a cabo fueron: libertad de expresión, religión, servicio militar, sexo, drogas, seguridad, discriminación, inmigración, nación, medio ambiente, globalización, impuestos, pensiones, solidaridad, permisos, sindicatos, sanidad, bancos, grandes superficies y mercado laboral. A todas ellas yo añadiré otras rúbricas no menos relevantes para analizar el grado de defensa de la libertad: gasto público, Estado del Bienestar, racionalización administrativa, separación de poderes, tipología de reclutamiento público y derecho de autodeterminación territorial.

Tras haber realizado el test de Nolan contestando a las respuestas que aproximadamente hubiera dado la presidenta regional madrileña, el resultado ha sido de un 80% de libertad económica y un 50% de libertad personal (el justo medio entre liberalismo y conservadurismo). Es decir, Ayuso es claramente liberal-conservadora y no liberal-demócrata ni libertaria (estas dos últimas son las formas más puras de liberalismo, como hemos visto). A continuación, argumentaré el porqué basándome en las citadas variables:

A favor del liberalismo, efectivamente Ayuso es partidaria de unos impuestos bajos; de una moderación en el gasto público; de un sistema de poder híbrido entre lo público y lo privado a nivel educativo, sanitario y de pensiones; de una mayor flexibilidad laboral y horaria; o de anteponer la cultura del esfuerzo a la de la solidaridad. Asimismo, también apoya el matrimonio igualitario y el derecho a la adopción de los homosexuales. Como vemos, se trata fundamentalmente de un liberalismo económico.

En lo social, salvo la excepción de la cuestión LGTBI o el rechazo a la discriminación positiva, en la mayoría de temas es antiliberal: la presidenta madrileña se opone al aborto libre y a la eutanasia, defiende poner límites a la libertad de expresión ante opiniones éticamente polémicas que no son de su agrado, no apoya el laicismo y defiende anteponer la seguridad a la libertad.

En lo referente al plano administrativo, Ayuso carece de un discurso regeneracionista que case con el liberalismo en la idea de control de los poderes políticos: jamás se le ha escuchado ninguna fórmula para atajar los problemas de corrupción que han azotado al PP de Madrid ni tampoco en defensa de una separación real entre el poder judicial y los otros dos poderes del Estado. Ni tampoco es favorable a un sistema de reclutamiento totalmente meritocrático de los cargos públicos madrileños ni españoles ni de un sistema de elección democrática del jefe del Estado (o, al menos, de un referéndum monarquía-república). Además, es contraria a una reducción del número de cargos públicos prescindibles a nivel tanto autonómico como central (Oficina del Español, Senado…) y sobra decir lo que piensa sobre el derecho liberal de autodeterminación.

Y, por último, Ayuso es la presidenta de la CC.AA. identitariamente más artificial de España (Madrid es parte de la Castilla geográfico-histórica) y nunca ha condenado el franquismo: un régimen político estatista, dictatorial y claramente antiliberal, como he explicado en el artículo El giro liberal de la derecha española

En conclusión, el liberalismo defendido por Ayuso es muy imperfecto y fundamentalmente económico. Por tanto, cuando ella usa con pasión los términos libertad y liberalismo con fervor y convicción, sería conveniente recordarle que, claramente, no defiende esta ideología en su plenitud.