Cuando el remedio es peor que la enfermedad

¿Fin de la Ley Seca?

Chicago, la ciudad de los Vientos, fue un claro ejemplo de cómo el remedio puede ser peor que la enfermedad. En 1933, más de una década después, fue derogada la Ley Seca que prohibía la manufactura, venta y distribución de bebidas alcohólicas. Un paradigma de cómo la opinión pública, y los mismos políticos y personalidades que impulsan una determinada política pueden cambiar de parecer en 180 grados. Pero como casi todo escenario político, dichas realidades no surgen de la nada, ésta en concreto, llevaba décadas fraguándose a través del Movimiento por la Templanza, protestantismo al servicio del tan manido discurso de la doble moral, para huír de las garras de las bebidas espirituosas.

El país de la pandereta, concretamente en Madrid y Barcelona; en la última semana hemos podido observar cómo los diferentes grupos parlamentarios de las cámaras española y catalana, parecen experimentar una fase permanente de resaca, en la cuál sufren de memoria selectiva, especialmente cuando se trata de cumplir pactos parlamentarios (Junts pel Si y la CUP), respetar el Estado de Derecho (PP) o el significado de las palabras «obrero» y «socialista» (PSOE).

Una falta total de entendimiento, en la que después de dos comparecencias oficiales (la de Puigdemont el 10 de Octubre, y la respuesta de Rajoy), todavía el presidente del Gobierno tiene que preguntar a su homólogo si ha declarado o no la independencia. Probablemente necesitaba de un plasma para mediar entre ellos. Vaya por delante, que es de agradecer el tono conciliador por parte del President pronunciando términos como diálogo, entendimiento o tiempo. Algo que se ha echado de menos por parte del Ejecutivo, y no sólo eso, sino que incluso se ha producido el comienzo del artículo 155. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esta semana? ¿Cuáles serían las situaciones que podrían producirse en los próximos días? Obviamente, el trabajo de futurólogo no es mi vocación ni mi aspiración, pero como mínimo intentaré ilustrar las diferentes opciones.

Para comenzar, hay que destacar que la DUI en «stand by» ha sido probablemente un mal menor, que ha servido para templar las aguas y que ha beneficiado a las dos partes: el procès gana en términos de reconocimiento internacional por su voluntad de diálogo y la opción de explotar la vía de una violación de derechos humanos; para el Gobierno central, una balsa de aceite en la que da otro ultimátum al Govern para su vuelta al marco jurídico vigente, y tiempo para preparar una medida ante una definitiva DUI. ¿Cuáles son esas medidas?

El archiconocido art. 155 que ya se ha puesto en marcha: previo aviso al presidente de una Comunidad Autónoma para saber si está actuando en contra de la integridad del territorio español. Debido a la falta de precedentes de dicha medida (el art. 155 no está recogido en ninguna Ley Orgánica), las medidas pueden ser de muy diferente calado. Como referencia podemos tomar el art. 116, que sí está desarrollado en una Ley Orgánica. Ante una posible confirmación de DUI, el Gobierno podría aplicar tres estados diferentes en el país: de alarma, de excepción y de sitio

  • Estado de alarma: a raíz de grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones de los servicios públicos. El Ejecutivo puede poner a los cuerpos policiales dependientes directos de su toma de decisión. Aquí también se incluyen a los Mossos y sería un escenario interesante ver qué postura tomarían: desobediencia, sedición, etc. Dicho estado se puede aplicar durante 15 días y cada una de sus prórrogas tiene que ser previamente aprobada por el Congreso de los Diputados.

  • Estado de excepción: cuando el Gobierno no puede mantener el orden público o el funcionamiento de las instituciones democráticas (en este caso, el Parlament). Con un plazo máximo de 30 días, este estado implica una limitación sobre algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos (intervención de comunicaciones, suspensión de publicaciones, disolver toda reunión y manifestación, registros, etc). Por ello, se necesitaría de una aprobación previa de la Cámara Baja. El Gobierno, en primera instancia, debería de presentar un decreto, especificando medidas y ámbito territorial de actuación; y esperar a su aprobación en cámara.

    Lo más destacado de esta medida, sería la posibilidad de detenciones de 10 días a aquellas personas que se considere fundadamente que pueden provocar alteraciones del orden público. En este punto, habría que estar atentos a la actuación del Ejecutivo, puesto que estas detenciones sólo pueden ser con consentimiento judicial.

  • Estado de sitio: poner a la Administración en manos de militares en caso de una insurreción o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. Necesita también de previo consentimiento parlamentario y no tiene límite de tiempo. El Ejército «podrá recabar de las autoridades civiles la información y noticias referentes al orden público que resulten pertinentes».

    Afecta a todos los derechos fundamentales, excepto al «habeas corpus» (control judicial de las detenciones).

Aunque estas tres medidas son de extrema naturaleza, sería imprudente descartar que este Gobierno no pueda aplicar alguna de ellas. En caso de ser así, la «vía Kosovo» con la que se está inspirando el Govern, tomaría más fuerza. Si no puede llevar a cabo un diálogo con el Estado, la última opción sería una DUI fundamentada en una vulneración de los derechos humanos. En base al precedente de Kosovo, se buscaría una aprobación del Tribunal de la Haya de «no vulneración del derecho internacional a partir del concepto remedial secession (secesión terapeútica)».

La secesión unilateral sería válida si el territorio que se separa, sufre un uso ilegal de la fuerza, y violaciones de las normas internacionales. La primera de las condiciones quedó patente con las imágenes del 1-O, pero la segunda queda delimitada a interpretaciones de los organismos supranacionales. Algunos acontecimientos que podrían apoyar esta vía serían:

  • Detención el 20 de Septiembre de Josep María Jové, secretario general de la Vicepresidència i d’Economía i Hisenda del Govern.

  • Actos violentos de los cuerpos de policía el 1-O.

  • Denuncia puesta al Tribunal Constitucional, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por impedir el primer intento de pleno en el Parlament para la DUI.

Esta vía tiene como punto a favor: la existencia del precedente de Kosovo; punto en contra: depende de las medidas que pueda tomar el Gobierno y el apoyo internacional que ostenta el mismo, por parte de la UE y la mayoría de Estados miembros tanto de la comunidad europea como de Naciones Unidas. Sin embargo, miembros del Alto Comisionado de los derechos humanos de la ONU, como Alfred de Zayas, ya han declarado que la vía Kosovo, podría ser aplicable al procès.

Por su parte, la UE todavía parece no querer interferir en la agenda política española. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, explícitamente ya ha dicho que » si Catalunya si independiza, otros harían lo mismo. Yo no quiero una UE de 98 Estados». En caso de producirse esa situación, también ha dejado claro cuál sería la postura del organismo: doctrina Prodri (el territorio que se separa quedaría fuera de la UE y tendría que iniciar el proceso de adhesión). Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ha ido más allá: «cualquier acción contra la Constitución de un Estado Miembro es una acción contra el marco legal de la UE».

Teniendo en cuenta estas posturas por parte de actores internacionales…, ¿cómo explicar la actuación desigual de Junts pel Si y la CUP el pasado día 10? La respuesta sencilla pero más significativa: Junts pel Si se preocupa por la UE porque quiere seguir bajo el amparo del Banco Central Europeo y parar de raíz los traslados de entidades bancarias y empresas de Catalunya; y la CUP se preocupa por la ONU para explotar la vía Kosovo. Es curioso, y muy sencillo al mismo tiempo, como a lo largo de la Historia, la política queda supeditada a la economía. A pesar de discursos grandilocuentes, patrióticos o de exaltación nacional; los poderes financieros actúan como catalizador.

Ocurrió en Chicago con la Ley Seca, después de décadas de discursos de moralidad protestante, donde se culpaba al alcohol de casi todos los males sociales (adicciones, crimen organizado, desempleo, etc); personalidades como Rockefeller o el propio Partido Demócrata, se tiraban de los pelos por ver cómo dicho crimen organizado alcanzó sus cotas más altas. Pero probablemente, no fue hasta el Crac del 29, en el que vieron en el alcohol, una nueva oportunidad de recaudación de impuestos y de medida antidepresiva para la sociedad norteamericana.

A la antigua Convergència parece que le ocurre algo similar, ha conseguido nadar hasta la orilla de la mano de su némesis catalán (la CUP), pero probablemente don Dinero haya influído para su reconsideración. No cabe duda que el diálogo y el tiempo son la receta para llegar a buen puerto, pero tampoco podemos obviar este importante factor… Un factor que se podría relacionar con el clásico debate de renta básica para todos o empleabilidad total… Un debate en el que intentaré profundizar en próximos artículos.

Mientras tanto, todo el electorado catalán que apoya al Govern, espera impaciente por la próxima comparerencia de Puigdemont, para ver si se ha convertido en su particular Eliot Ness, alguien que parece que lucha por una causa pérdida. Mientras tanto, sus Intocables no pueden ni mirarse, ERC corre el riesgo de dividirse en dos (pro DUI o no), ya se sabe, quien mucho abarca poco aprieta; como le pasaba al agente del Tesoro, Oscar Wallace. Y una CUP que parece cada vez, sentirse más incómoda en su papel de agente George Stone/Giuseppe Petri, alguien que sabe desde un principio que está en el lugar equivocado, en el momento equivocado; con el riesgo de desarrollar un trastorno de bipolaridad política. Por su parte, al PP le gusta llevar el traje de Al Capone, sabiendo que juega con el viento a favor. Mientras, algunas entidades financieras y empresas ya se plantean trasladar también su sede fiscal…, ya se sabe, la banca siempre gana.