Actualmente existe una descorrelación entre demanda laboral de titulados en FP y número de plazas. Además, el retraso en el inicio de esta formación perjudica a la educación secundaria.

El pasado viernes asistimos al fracaso de la moción de censura del partido neoconservador VOX. Durante el transcurso de su discurso en ningún momento pronunció la frase Formación Profesional (FP). Pero esta área formativa tampoco se encuentra entre los primeros puntos de la agenda política tanto del Gobierno central como del resto de la oposición.

         Recordemos que, junto a las titulaciones universitarias, la FP es la formación reglada fronteriza con el mundo laboral.

         Actualmente en España un 12% de los estudiantes cursa FP de Grado Medio y un 20%, FP Superior (fuente: Ministerio de Educación y FP, 2019). Pero, según un estudio del año pasado de El Periódico de Catalunya, el 50% de los puestos de trabajo solicitados requerirá de la tenencia de una titulación de Formación Profesional.

         Tengamos en cuenta que dentro del ámbito universitario español hay en muchos casos una oferta de carreras por encima del nivel real de demanda de trabajo. Además, de acuerdo también con el citado ministerio, en 2015 el porcentaje de gasto educativo era un 1,1% menor que el de la media de la UE (5,3% vs 4,2%). Y, según Eurostat (2019) nuestro país invertía la mitad en I+D que la media de la UE (2,07% vs 1,2%).

         A mi juicio, como profesor de Secundaria y analista político, estas serían a las reformas que afectarían a la FP y, por ende, al conjunto del ámbito educativo posprimario:

  1. Establecer la FP Básica a partir de los 14 años y sin restricciones de plazas. Actualmente, la edad mínima es 15 años y el acceso está limitado por el insuficiente número de vacantes.

Esta medida implicaría hacer desaparecer 3º y 4º de ESO, convirtiéndolas en 1º y 2º de ESI (Educación Secundaria Intermedia), que serían la alternativa a la FP Básica sin que su currículo se viese afectado.

De este modo, el nivel de convivencia mejoraría en las aulas y, por tanto, también lo haría el rendimiento académico del alumnado de Secundaria. Y se daría una oportunidad prelaboral a aquellos que desean un abandono escolar temprano.

En caso de que los titulados que superasen la FP Básica quisiesen obtener también el título de ESO, deberían hacer exámenes de pendientes del 1º ciclo de la ESO (permitiendo hasta un máximo de cuatro materias suspensas en dicho ciclo).

En el supuesto de que posean el título de FP Básica sin el de la ESO, podrían acceder igualmente a una FP de Grado Medio.

2. Aumentar el número de centros, así como de recursos materiales y humanos para la FP en cada una de sus tres etapas (básica, media y superior). Esta medida daría lugar a una reducción de la tasa de desempleo a medio plazo, ya que el perfil de los formados iría más acorde con las necesidades de las empresas.

3. Racionalizar más el sistema universitario, de tal manera que la oferta formativa esté mucho más acorde con las necesidades del mercado de trabajo. Según la Fundación Conocimiento y Desarrollo (2018) el 37,8% de los egresados desempeñó un puesto que no se correspondía con su formación.

4. Garantizar siempre -bien sea accediendo a la FP o universidad- que ningún español que cumpla con los requisitos académicos correspondientes y que así lo desee se quede fuera del acceso a dichas ofertas académicas.

         Para llevar a cabo todas estas reformas, sería imprescindible reestructurar las partidas financieras de tal manera que esta reforma se pueda llevar a cabo, y que se haga del modo más justo y equitativo (lucha efectiva contra el fraude fiscal, reducción del gasto universitario ineficiente, eliminación de chiringuitos políticos…).

         Honestamente creo que si esta reforma se lleva a cabo, la calidad de nuestro sistema educativo aumentará, pues mejorarán los niveles de convivencia, de aprendizaje y lograremos una formación más acorde con las exigencias del mercado de trabajo.