Aunque España ocupaba en 2018 el puesto número 26 en índice de desarrollo humano (IDH), sus deficiencias estructurales pueden causar estragos sobre el bienestar de la población a medio plazo.

Este artículo fue escrito el 15 de mayo, en medio de la Gran Infección (patológica y económica) causada por el COVID-19, justo nueve años después del nacimiento del regeneracionista y neocomunista Movimiento 15-M y una década y tres días después del anuncio del Plan Zapatero, que supuso la primera fase de recortes durante el período de la crisis económica que comenzó en 2008. Los sucesos actuales, junto a las dos citadas efemérides, me han suscitado la necesidad de reflexionar sobre los graves problemas estructurales que padece la economía española, los cuales describiré a continuación en función de la gravedad. Si bien la crisis del coronavirus es muy reciente, los ajustes llevados a cabo por Zapatero y luego por Rajoy, junto a la reacción indignada, no se entienden (en parte) sin las deficiencias que nuestro sistema económico ha arrastrado durante décadas.

         El primero de los desafíos es el fiscal. Según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), en 2015 hubo un fraude de 253 mil millones de euros (casi el 25% del PIB). De acuerdo con esta organización, hace un lustro había en España un trabajador de Hacienda por cada 1.958 contribuyentes, mientras que en la media de la UE hay un solo funcionario fiscal por cada 970 pagadores. Este dato se suma a la politización de la dirección de la Agencia Tributaria y a la ausencia de limitación estricta (o incluso eliminación) del dinero en efectivo.

         Asimismo, nuestro sistema tributario sigue permitiendo niveles bajísimos de gravamen (en caso de tenencia de la sede fiscal extranjero) a empresas cuyos beneficios son muy elevados. Es decir, se prima parcialmente el domicilio fiscal al nivel de productividad en territorio nacional. Por ejemplo, según la propia Agencia Tributaria, las empresas que en 2019 facturaron 938 millones de euros pagaron un 5,8% de impuestos; mientras que las que ingresaron 489 millones tributaron al 31,6%.

         Nuestras deficiencias fiscales -a las que debemos sumar la ausencia de recaudación por la no regularización de las drogas o de la prostitución voluntaria o la no obligatoriedad por parte de la Iglesia católica del pago del IBI- son una causa parcial de los niveles actuales, gravísimos, de deuda pública: 115%.

         En segundo lugar, nos encontramos ante un sistema de pensiones no sostenible: en este sentido, el Banco de España cifraba el agujero en 2019 en 18.000 millones de euros. Esta institución contempla imprescindible también una subida de impuestos para hacerlo viable. Así, partimos de la existencia de una tasa de envejecimiento del 19,4% (INE, 2019), pero también de una ausencia del alargamiento de la edad de jubilación, entre otras medidas. Pues, de acuerdo con la ONU, el retraso hasta los 70 años daría lugar a un cierto alivio en la tasa de dependencia (profesionales/pensionistas): 1,7 (si no se llevase a cabo ninguna medida) vs 2,6 (si se toma esa decisión). Asimismo, no ha habido una revisión del régimen de pensiones de viudedad, que nos cuesta 24.000 millones de euros anuales (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2020). Parte de esta última cantidad es disfrutada por numerosas personas físicas sin cargas familiares y que poseen, además y en muchos casos, un sueldo.

         El tercer enorme inconveniente es la mastodóntica, inarmónica y poco eficiente estructura político-administrativa. Según el partido socioliberal UPyD (2010), España despilfarraba, al menos, 15.000 millones de euros derivados del excesivo número de cargos públicos prescindibles, de las duplicidades competenciales, de la escasa utilidad de determinadas instituciones (Senado, exceso de ministerios, diputaciones provinciales, Consejo de Estado, Casa Real -los magentas no incluyeron este último capítulo de gasto por su defensa de la monarquía-… junto a los equivalentes autonómicos, en su caso) o de la ausencia de numerosos y necesarios procesos de fusión de municipios.

         A ello debemos añadir, a nivel de organización territorial, las situaciones de inarmonía, no superadas, que expuse en mi artículo Por una necesaria reforma de la organización territorial del Estado: dumping fiscal madrileño, privilegios financieros generados por el cupo vasco y navarro a sus respectivas CC.AA. o el caciquismo presupuestario a nivel central y autonómico.

         El cuarto problema es ético-político: la corrupción (según el FMI, nos cuesta 90 mil millones de euros a los españoles) más los actos oligárquicos legales: puertas giratorias, acceso a cargos públicos no directivos por medio de criterios de amiguismo (frente a los meritocráticos), financiación empresarial a partidos políticos, existencia de créditos bancarios a las organizaciones partidistas, el control político de las altas esferas judiciales y del TC más la consideración de inviolables judicialmente del jefe y exjefe del Estado.

         A todas estas prácticas inmorales hay que añadir el despilfarro de 80 mil millones de euros, entre 1995 y 2016, en obras públicas ineficientes, según la Asociación de Geógrafos de España.

         La inexistencia de estrictas normas que castiguen la corrupción  (que separen el poder político del económico, por un lado y del judicial, por otro), junto a la moral relajada de muchos españoles o a la insuficiencia cuantitativa de personal de Justicia (por ejemplo, Jueces para la Democracia sostiene que la ratio española es de 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media del continente es de 21) explica todo este lastre que genera injusticias, pérdidas económicas a las arcas del Estado más un considerable grado de desigualdad.

         En quinto lugar, España invierte solo el 4,2% del PIB en educación, frente al 5,3% de la media de la UE (Ministerio de Educación y FP, 2015). Además, existe una sobrevaloración de las titulaciones universitarias en detrimento de la FP. Así, España tenía en 2015 a solo un tercio de sus titulados en formación profesional. Pero según Adecco (2019), los titulados de este ámbito atraen más al mercado laboral (42,3%) que los universitarios (38,5%). Sin embargo, según la UPC, desde 2007 la oferta universitaria ha crecido un 13% y el número de titulados era del 41% (OCDE, 2017). Así, si mezclamos los datos, la proporción oferta laboral/titulado favorece a la FP: 1,28 vs 0,93 de la universitaria.

         El antepenúltimo grave lastre, ligado al anterior, está relacionado con la falta de apuesta por la I+D. Según CEPYME, España (2013) invirtió un 20% menos en I+D que la media de la Unión Europea (2,03% vs 1,6%). Fuera de la UE, el avanzado Japón invierte más de un 3% del PIB en esta dimensión económica (Comisión Europea, 2016). En contraposición, los gobiernos de España han dejado en un segundo plano este capítulo financiero, cuyos réditos se perciben a medio-largo plazo.

         En penúltimo lugar, no nos debemos olvidar de otro reto que tenemos por delante: la lucha -mediante la existencia de un derecho penal más duro y de un mayor número de policías informáticos- contra la piratería digital, que cuesta más de 10 mil millones al año (Coalición de Creadores de Industrias Culturales, 2010) a artistas, informáticos y creadores de videojuegos.

         En último término, resulta imprescindible también la búsqueda de una competitividad empresarial que  no sea lesiva con la cohesión social: España tiene el coste de despido más elevado de la UE, según la OCDE; un importe financiero de la morosidad que equivale al 0,3% del PIB (2019), de acuerdo con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad; carece de una cuota progresiva para los autónomos; y padece un coste directo del absentismo laboral cifrado en 7 mil millones de euros anuales para las compañías (Adecco, 2019).

         En conclusión, o hay una reforma regeneracionista de nuestro sistema socioeconómico o pervivirán las fuertes desigualdades (según Oxfam, España fue en 2019 el cuarto país más desigual de la UE), los elevados niveles de paro (en torno al 15% en abril de 2020) y lo que es macroeconómicamente más peligroso: habrá un alcance de niveles insostenibles de deuda pública y de quiebra del sistema de pensiones. Ello generaría, por un lado, suspensión de pagos; y, por otro, altos niveles de pobreza y de desprotección de nuestros mayores.