Este sábado 29 de octubre Rajoy fue investido por segunda vez presidente del gobierno tras su victoria por mayoría simple en segunda votación, gracias al apoyo de los ciento setenta diputados de PP, FAC, UPN, Ciudadanos y CC; así como a la abstención de sesenta y ocho parlamentarios del PSOE. En contraposición, el voto negativo, entre otros, de ocho congresistas de esta formación más de los siete del PSC fueron una muestra de la grave fractura interna que está experimentando actualmente esta histórica organización.

La decisión final tomada por la gestora del PSOE y por la mayoría de sus miembros en la Cámara Baja, así como la ejecución por parte de sus dirigentes, meses atrás, de un acuerdo de gobierno con C´s, muestran el temor o rechazo que sienten los neosocialdemócratas a pactar con organizaciones partidistas de carácter soberanista o más igualitaristas.

Todo ello se traduce en el triunfo de las tesis cebrianistas, identificadas en buena medida con Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo PRISA, uno de los grandes promotores de las mismas. ¿Y qué entendemos por cebrianismo ideológico? Pues la defensa de posturas socialdemócratas alejadas del regeneracionismo político (mantenimiento de las “puertas giratorias”, politización del poder judicial, oposición a un sistema electoral más proporcional, desconfianza hacia la realización de primarias abiertas a los militantes, etc.) y fuertemente constitucionalistas, en el sentido centrista y consensual del término: defensa de la Monarquía, de la indivisibilidad de España, de la importancia de la Transición, rechazo a elevar considerablemente el gasto público, distanciamiento respecto a grupos políticos críticos con la actual Carta Magna, etc.. Los sectores felipista (más favorable a la estabilidad presupuestaria) y guerrista (algo más intervencionista en lo económico), tanto en la “vieja” como en la “nueva” guardia, son sus representantes.

En vista de estos datos, observamos como una de las causas de la inexistencia de acuerdo con las “confluencias” y con los independentistas catalanes (rechazados, estos últimos, tanto por cebrianistas como por sanchistas), tanto tras el 20-D como después del 26-J, se debió a motivos ideológicos. En todo caso, este no es el único factor. Por un lado, debemos considerar las luchas de poder internas por la sucesión en el PSOE: la existencia de un pacto de gobierno con esas formaciones habría frenado las aspiraciones de los susanistas de erigirse como alternativa al PP a nivel central.

Desde una óptica sociológica-electoral, el votante socialista es bastante heterogéneo. Así, muchos de sus simpatizantes muestran recelo al acercamiento a posiciones más izquierdistas. De acuerdo con Sigma Dos (junio de 2016), el 59% de estos electores rechazaban un hipotético pacto con Unidos Podemos y sus satélites. Asimismo, en julio de 2013 (GESOP) un 40% de ellos se oponía a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

En el plano económico interno, la alianza con la izquierda rupturista habría significado una revisión de las compatibilidades entre la ex-pertenencia a un cargo público y el ejercicio profesional en la empresa privada -ello habría perjudicado a algunas relevantes figuras del socialismo-. Por otro lado, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, en enero de 2016 PSOE y PSC debían 82 millones de euros a las entidades financieras. La revisión de las presuntas prerrogativas existentes en favor de las grandes compañías -que afectaría, lógicamente, al sector bancario- comprometería enormemente a la principal fuerza de la oposición.

En conclusión, detectamos en el seno del PSOE la existencia de “familias” políticas que representan distintos intereses personales y visiones ideológicas. El fuerte peso que ejerce el sector más constitucionalista ha desplazado estratégicamente hacia el centro el partido, lo que se traduce en un apoyo tácito a los conservadores, en importantes enfrentamientos internos y en un claro declive electoral.

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