Frente a la tradicional división unionismo-independentismo, en las elecciones autonómicas catalanas competirán candidaturas que guardan diferencias sobre la cuestión identitaria y territorial: desde el centralismo hasta el independentismo.

El próximo 14 de febrero tendrán lugar las decimoterceras elecciones al Parlament de Catalunya desde la instauración del régimen democrático-monárquico de 1978. Desde el debate en torno al nuevo Estatut, promulgado en 2006 y recortado por el TC en 2010, especialmente tras la implementación del procès (2017), el gran tema de la agenda política de la CC.AA. del noreste español ha sido la cuestión identitaria.

            Buena parte de políticos y analistas a uno y otro lado del Ebro han dividido en dos bloques ideológicos las visiones sobre este tema: unionistas vs secesionistas. No obstante, la división es más compleja que la citada, y ello es aplicable a cada uno de los espectros.

            Usaré como variables de análisis para los unionistas: el grado de concentración de poder deseado para Catalunya, el estatus jurídico-político planteado, el reconocimiento o no de esta CC.AA. como nación más la defensa u oposición a un referéndum.

            En el caso de los partidarios de una república catalana, la variable será el apoyo o no a la implementación de una DUI (declaración unilateral de independencia, en el caso de los separatistas).

            Las organizaciones analizadas son las que actualmente gozan de representación institucional en el Parlament o en el parlamento español por alguna de las circunscripciones catalanas.

            Si comenzamos nuestro análisis por el unionismo, encontramos, en primer lugar, a los paleoconservadores semicentralistas de VOX (uso el término semicentralistas porque estos se oponen al sistema autonómico, pero no así a la descentralización provincial). La derecha alternativa españolista tiene el discurso territorial más radical de entre los partidos defensores de la unidad de España.

            La formación de Abascal no ostenta representación en la cámara autonómica, a diferencia de los siguientes grupos, pero sí posee dos escaños en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Barcelona.

            Dentro de los defensores del actual statu quo autonómico aparecen PP y Ciudadanos desde posiciones conservadora y liberal-conservadora, respectivamente.

            Por su parte, PSC-Units per Avançar, de carácter socialdemócrata y socialcristiano, postula el federalismo, la recuperación del Estatut original más el reconocimiento de Catalunya como nación, a diferencia de los anteriores; pero rechazan la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, al igual que los partidos azules no nacionalistas.

            En Comú Podem, neocomunista, coincide con los tres primeros puntos de la candidatura anterior, pero la diferencia estriba en el apoyo de los comunes a un referéndum legal de independencia. Aunque esta vez no incluyan ese punto en su programa, sus líderes y bases son casi plenamente partidarias de dicha consulta, en caso de que esta fuese legal y la Generalitat la propusiese nuevamente.

            Hasta aquí hemos analizado a las candidaturas defensoras de la unidad territorial de España desde diferentes parámetros. A continuación, trataremos el conjunto de fuerzas independentistas.

            En primer lugar, aparecen los liberal-demócratas del PDeCAT, que preconizan la convocatoria de un referéndum pactado de independencia; es decir, rechazan la DUI.

            Por su parte, los socialdemócratas de ERC no descartan la ejecución de una DUI si llegase el momento, pero ya no la sostienen tan expresamente como en 2017.

            Partidarios de la declaración unilateral de independencia son los centristas-transversales de JxC y los comunistas asamblearios de las CUP.

            Dentro de estos dos últimos también hay diferencias, ya que los anticapitalistas no condenan las acciones violentas cometidas por una minoría dentro del secesionismo. Por su parte, los posconvergentes son plenamente pacíficos.

            En resumen, observamos hasta ocho perspectivas diferentes sobre la cuestión territorial en Cataluña. Teniendo en cuenta que el 70,8% de los catalanes apoya la celebración de un referéndum de autodeterminación (CEO de noviembre de 2019) y que el 44,4% de los catalanes es partidario de separarse de España (CEO de noviembre de 2020), deducimos que la opinión mayoritaria del pueblo catalán es ligeramente unionista y favorable a una consulta vinculante sobre el statu quo territorial. En este sentido, la izquierda alternativa no nacionalista de En Comú Podem es quien representa mejor el sentir medio de los catalanes sobre esta cuestión y no PSC-Units per Avançar, como sostienen los analistas favorables a esta última coalición.

            No obstante, debido a su naturaleza socialdemócrata la candidatura liderada por Salvador Illa (PSC-Units per Avançar) y la de ERC representan mejor que los comunes el sentir de los catalanes en el eje izquierda-derecha, el cual nos da un 4,11/10, según el CIS de febrero de 2015.

            Por tanto, lo que sí queda claro es que no hay ninguna candidatura de centroizquierda federalista que apoye un referéndum legal y vinculante de autodeterminación, pues esta sería la organización que mejor representase el sentir medio de los catalanes.

            A mi modo de ver, el conflicto político catalán solamente se solucionará, por un lado, cuando se reforme la Constitución y esta establezca un techo competencial donde tenga cabida el Estatut original (2005), siempre que este respete la armonía fiscal interautonómica. Recordemos también que el borrador de esta ley orgánica reconocía a Cataluña como nación y le concedía a esta autonomía más autogobierno.

            Por otro lado, no nos debemos olvidar de la necesidad de convocatoria de un referéndum legal de independencia, un tema donde el unionismo de derechas muestra una gran intransigencia; PSOE y PSC, una enorme hipocresía dialogante y cobardía; y los secesionistas pro DUI, una notable temeridad y falta de respeto al ordenamiento jurídico.

            En contraposición, aparecen los comunes y PDeCAT, que demuestran una gran sensatez en esta cuestión. Pues la promulgación de esta consulta, dentro de parámetros legales, frenaría las demandas y manifestaciones independentistas sobre su celebración (con la consecuente ruptura social), además de que se respetaría la voluntad democrática de los catalanes (o la autorización del conjunto de los españoles).

            Las vías legales posibles para dicho referéndum son tres: convocatoria de un referéndum no vinculante por parte del Gobierno central (artículo 92 de la CE) donde vote el conjunto de españoles; transferencia a Catalunya de la competencia en materia de celebración de consultas no vinculantes (a través del artículo 150.2 de la CE), que precisaría de 176/350 congresistas (si PSOE y PSC quisiesen, ello sería posible actualmente); y la inviable (por rechazo parlamentario de PP, Ciudadanos y VOX; aunque PSOE y PSC la aceptasen en ese hipotético supuesto)  reforma constitucional extraordinaria (artículo 168 de la CE), para establecer una disposición adicional que establezca la posibilidad de un referéndum vinculante para Catalunya.